LEY 11/2012, DE 19 DE DICIEMBRE,

DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO 17/2012)

Objetivo principal

Simplifica y agiliza administrativamente las normas ambientales, para proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo compatible e integrado.

Antecedentes

  • La legislación medioambiental estaba dispersa en diferentes textos que requerían modificaciones para reducir
    la incertidumbre e inseguridad en su aplicación: la Ley de Aguas (RDL 1/2001), la Ley del Patrimonio Natural y
    la Biodiversidad (Ley 42/2007), y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 22/2011), aprobada por el
    PSOE la legislatura pasada.

  • Además, era necesario adaptar la Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988) para que España pudiera acceder
    a las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Principales medidas

  • Se refuerza el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio
    constitucional por el Tribunal Constitucional.

  • Se incentiva la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos
    concesionales, para facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

  • Se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas.

  • Se refuerza la potestad sancionadora del Ministerio en materia de aguas.

  • Se añaden condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana evitando un deterioro del
    acuífero y permitiendo mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas.

  • Se prevé la integración en un único documento de gestión de las actividades que pueden desarrollarse en un
    espacio protegido.

  • Se establece la implantación de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) con carácter voluntario.

  • Se disminuyen cargas administrativas relacionadas con los traslados de residuos y con las autorizaciones de los
    sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.

  • Se impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera
    competitiva e igualitaria con el resto de Europa..

Breve valoración política

  • El PP defiende el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias; apoya las
    actuaciones incluidas en el Plan Especial del Alto Guadiana; establece la voluntariedad de los SDDR; y apuesta
    por la compatibilidad de la conservación y el desarrollo, como aspectos irrenunciables.

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