LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO

DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE)

Objetivo principal

Atender al grave problema social generado por el sobreendeudamiento y las ejecuciones hipotecarias, que hasta ahora no había sido atendido.

Antecedentes

  • La gravedad de la crisis y la inacción política durante sus primeros años dispararon en número de desahucios en nuestro país. El 93% de las ejecuciones hipotecarias provienen de hipotecas firmadas durante la anterior Legislatura.

  • El Partido Popular, ante este drama social, se comprometió en su programa electoral de 2011 a incrementar la protección e información suministradas al cliente hipotecario y reforzar su protección para garantizar el equilibrio entre las partes y evitar cláusulas abusivas.

Principales medidas

  • Reduce y limita los intereses de demora; amplía a 3 meses (antes uno) el impago para iniciar la ejecución; refuerza la obligación de aceptar las tasaciones presentadas por los clientes; a efectos de subasta, nunca podrá ser inferior al 75% del valor de tasación en la Escritura.

  • Establece la posibilidad de suspender, de modo automático y por un plazo de dos años, los procesos de desahucios de viviendas habituales de personas en situación de especial vulnerabilidad.

  • Se permite la paralización del proceso de ejecución hipotecaria si se alega que puede existir una cláusula abusiva.

  • Garantiza la plena protección del deudor en los contratos que incorporen cláusulas de riesgo (techo, suelo, swaps de intereses, multidivisas). Se obliga a que en la escritura se incluya, junto con su firma, una expresión manuscrita manifestando que ha sido adecuadamente informado.

  • Se establece un sistema de quitas objetivo que permite la condonación parcial de la deuda hipotecaria si se cumple un plan de pagos. Agiliza y flexibiliza el procedimiento de ejecución. Introduce mejoras en el procedimiento de subasta, con mayor publicidad.

  • Promueve, con el sector financiero, la constitución de un Fondo Social de Viviendas (FSV) propiedad de las entidades de crédito (El RD-Ley 27/2012 establece la suspensión de los lanzamientos y la creación efectiva del FSV.

  • Modifica el ámbito de aplicación y las medidas del Código de Buenas Prácticas, creado por el RDL 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Breve valoración política

  • El PP ha cumplido todos sus compromisos. Por primera vez en nuestro país se ha ofrecido una solución real a un problema muy grave. Las familias tienen mecanismos, alternativas y soluciones a su disposición. Y, de hecho, alrededor de 45.000 familias han podido acogerse a estas medidas.

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