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DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE)
Atender al grave problema social generado por el sobreendeudamiento y las ejecuciones hipotecarias, que hasta ahora no había sido atendido.
La gravedad de la crisis y la inacción política durante sus primeros años dispararon en número de desahucios en nuestro país. El 93% de las ejecuciones hipotecarias provienen de hipotecas firmadas durante la anterior Legislatura.
El Partido Popular, ante este drama social, se comprometió en su programa electoral de 2011 a incrementar la protección e información suministradas al cliente hipotecario y reforzar su protección para garantizar el equilibrio entre las partes y evitar cláusulas abusivas.
Reduce y limita los intereses de demora; amplía a 3 meses (antes uno) el impago para iniciar la ejecución; refuerza la obligación de aceptar las tasaciones presentadas por los clientes; a efectos de subasta, nunca podrá ser inferior al 75% del valor de tasación en la Escritura.
Establece la posibilidad de suspender, de modo automático y por un plazo de dos años, los procesos de desahucios de viviendas habituales de personas en situación de especial vulnerabilidad.
Se permite la paralización del proceso de ejecución hipotecaria si se alega que puede existir una cláusula abusiva.
Garantiza la plena protección del deudor en los contratos que incorporen cláusulas de riesgo (techo, suelo, swaps de intereses, multidivisas). Se obliga a que en la escritura se incluya, junto con su firma, una expresión manuscrita manifestando que ha sido adecuadamente informado.
Se establece un sistema de quitas objetivo que permite la condonación parcial de la deuda hipotecaria si se cumple un plan de pagos. Agiliza y flexibiliza el procedimiento de ejecución. Introduce mejoras en el procedimiento de subasta, con mayor publicidad.
Promueve, con el sector financiero, la constitución de un Fondo Social de Viviendas (FSV) propiedad de las entidades de crédito (El RD-Ley 27/2012 establece la suspensión de los lanzamientos y la creación efectiva del FSV.
Modifica el ámbito de aplicación y las medidas del Código de Buenas Prácticas, creado por el RDL 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
El PP ha cumplido todos sus compromisos. Por primera vez en nuestro país se ha ofrecido una solución real a un problema muy grave. Las familias tienen mecanismos, alternativas y soluciones a su disposición. Y, de hecho, alrededor de 45.000 familias han podido acogerse a estas medidas.