LEY 18/2015, DE 9 DE JULIO

POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Objetivo principal

Contribuye a aprovechar el inmenso caudal de información en manos de las Administraciones Públicas, para promover la economía del conocimiento, regulando su utilización.

Antecedentes

  • Esta Ley es consecuencia de la Directiva 2013/37, cuyo objetivo es facilitar la creación de productos y servicios
    de información basados en la que se encuentra disponible en manos del Sector Público; en este sentido, se ha
    derogado la Ley 37/2007, con el mismo título que la actual, y que transpuso la anterior directiva sustituida por
    la arriba citada.

Principales medidas

  • Se contiene la obligación para las Administraciones y organismos del sector público de autorizar la reutilización
    de la documentación e información que obra en su poder, a excepción de aquella que tenga carácter restringido
    y confidencial por imperativo legal. Esta apertura fomentará nuevas líneas de negocio para los particulares,
    mejorando la situación económica, y aportando ingresos suplementarios al erario público, por las licencias de
    utilización.

  • Regula los formatos para la puesta a disposición del público interesado de la información disponible,
    fomentando el uso de formatos abiertos y legibles, también para los metadatos, con el objetivo de garantizar
    la interoperabilidad.

  • Incorpora por la Ley -para el cálculo del régimen de tarifas por la reutilización de documentos- el principio de
    costes marginales, siempre respetando la transparencia en los precios y la utilización de medios electrónicos
    para la publicación de los mismos.

  • Promueve por la Ley el uso de licencias abiertas, fomentando que su obtención se haga de la manera más
    sencilla posible e imponiendo las mínimas restricciones posibles. También busca fomentar la competencia
    evitando –por regla general- la suscripción de acuerdos exclusivos para la reutilización de documentos, y fijando
    un plazo de duración para los mismos. Se incluye dentro de los entes sujetos a las prescripciones de la Ley a
    las bibliotecas, museos, archivos y universidades, para que se acelere el acceso de los ciudadanos al patrimonio
    cultural.

  • La Ley entró en vigor el 10 de julio de 2015.

Breve valoración política

  • El nuevo texto persigue facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos
    del sector público, garantizando la eficacia en el uso transfronterizo de esa información por empresas y
    ciudadanos, promoviendo así la libre circulación de información y su comunicación.

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