LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO

DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Objetivo principal

La actualización y simplificación de los trámites permitirá reducir la carga de trabajo en los Tribunales.

Antecedentes

  • La disposición final decimoctava de la LEC de 2000, encomendó al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.

  • También se busca la adaptación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, la cual afecta a la nueva terminología, en la que se abandona el empleo de los términos de incapaz o incapacitación, y se sustituyen por la referencia a las personas cuya capacidad está modificada judicialmente.

  • Se cumple con dos compromisos del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones de 2011:
    “El desarrollo de la jurisdicción voluntaria mediante una ley específica”. “La desjudialización de determinadas materias sin menoscabo de las garantías ni de la eficacia sancionadora”.

Principales medidas

  • La jurisdicción voluntaria, frente a la jurisdicción contenciosa, se reserva para aquellos supuestos legalmente previstos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, pero sin que en ningún caso exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

  • Efecto positivo en las cargas de trabajo de los Tribunales, pues redistribuirá entre diferentes operadores jurídicos los más de 50.000 expedientes de jurisdicción voluntaria que anualmente se tramitan en los juzgados.

  • Posibilidad de elección por el ciudadano. Se establecen competencias compartidas entre Secretarios Judiciales, Notarios o Registradores, lo que es posible atendiendo a que son funcionarios públicos y a las funciones que desempeñan. La facultad que con ello tienen los ciudadanos de acudir a diferentes profesionales en materias que tradicionalmente quedaban reservadas al ámbito judicial, sólo puede interpretarse como una ampliación de los medios que esta Ley pone a su disposición para garantizar sus derechos.

  • Como regla general, la ley entró en vigor el 23 de julio de 2015, aunque algunas disposiciones están vinculadas a la entrada en vigor de otras normas o procedimientos.

Breve valoración política

  • Establece una necesaria nueva ordenación legal, adecuada, razonable y realista de la jurisdicción voluntaria.

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