LEY 15/2015, DE 22 DE SEPTIEMBRE

DE REFORMA DEL SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Objetivo principal

La adecuación de las normas a la realidad social actual y el fomento de la resolución rápida de conflictos.

Antecedentes

  • El sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico vigente databa de 1995, por lo que requería de actualización.

  • Para la elaboración del texto legal, se constituyó una Comisión de Expertos, integrada por expertos en la materia y representantes de los sectores afectados.

  • Se busca revisar el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia y fomentar la rápida resolución de los conflictos y la potenciación de acuerdos extrajudiciales.

Principales medidas

  • Adapta el sistema a los principios de indemnidad, vertebración y objetivación del sistema, manteniendo una estructura de tablas de fácil aplicación en aras de fomentar una rápida resolución de los conflictos e incrementar las transacciones extrajudiciales.

  • Respecto a las indemnizaciones por fallecimiento, consigue una mejora de la percepción de las mismas mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.

  • Respecto a las indemnizaciones por secuelas, refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que queda con discapacidades que requieren de apoyos intensos para su autonomía personal.

  • Respecto a las indemnizaciones por daños, mejora la individualización de los diferentes perjuicios que puede sufrir la víctima, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y económicas, e incorpora un sistema objetivo de indemnizaciones de lucro cesante.

  • Las indemnizaciones de lucro cesante tendrán en cuenta, por vez primera, las tareas del hogar y la capacidad de trabajo futura de estudiantes y menores.

  • La Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

Breve valoración política

  • La nueva Ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil.

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Intervenciones parlamentarias

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