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DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL
Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS
Protege mejor el litoral, ofrece seguridad jurídica e impulsa la actividad económica en la costa.
Tras 25 años de vigencia de la Ley de Costas de 1988, se ha demostrado su ineficacia. No se ha protegido el
litoral, los deslindes han sido arbitrarios y se ha generado incertidumbre en los propietarios de las ocupaciones
en la costa.
Se define mejor el alcance del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y se utilizan criterios técnicos y
homogéneos en la ejecución y revisión de los deslindes.
Se refuerza la protección de las playas naturales y en las playas urbanas se compatibilizará la protección de la
costa con los servicios al público.
Exclusiones puntuales del DPMT: ciertos núcleos de población históricamente consolidados y altamente
antropizados; y determinadas salinas y cultivos marinos.
Se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos: se obliga a inscribir los
bienes de DPMT en el Registro de la Propiedad.
Se mantiene las prohibiciones de edificación en DPMT y se prevé la suspensión por el gobierno de las
actuaciones urbanísticas ilegales en la costa.
Se permiten obras de mejora en los edificios existentes, que incluirán actuaciones de eficiencia energética
y ahorro de agua, siempre y cuando no supongan aumento de volumen, altura o superficie. Más de 125.000
edificaciones.
Prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años (solución a los vencimientos del plazo concesional
en 2018). Concesión transferible mortis causa e inter-vivos, para la que se requiere la previa autorización de la
Administración. Unos 24.000 propietarios.
Se aumenta el plazo máximo de las nuevas concesiones a 75 años, con posibilidad de transferir dicha concesión,
y de las autorizaciones a 4 años.
Posibilidad de prorrogar las concesiones a actividades industriales hasta 75 años si el informe ambiental de las
CCAA, en las que se ubiquen, así lo establece. Afecta a 1.700 industrias.
La nueva Ley es un instrumento eficaz al servicio de la conservación y protección del litoral. Se refuerza los
mecanismos preventivos. Se compatibiliza la protección de la costa con el impulso de la actividad económica
generadora de empleo.
La nueva norma, de julio de 2013, incrementa la seguridad jurídica de las 40.000 ocupaciones y usos en la
costa.