LEY 2/2015, DE 30 DE MARZO,

DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Objetivo principal

Contribuye a recuperar la competitividad de nuestra economía.

Antecedentes

  • En un contexto de estabilidad de precios y de pertenencia a la moneda única, la indexación automática tiende
    a generar una inflación más elevada y persistente, aun cuando desaparezca la causa inicial del incremento de
    precios. Esto genera costes: desvirtúa la información de los precios, dificulta los contratos a largo plazo, y lastra
    la competitividad y el crecimiento.

  • Desde nuestra entrada en el euro hasta 2013 la economía española acumuló un diferencial de catorce puntos de
    inflación frente al resto de la zona euro, lo que causó una importante pérdida de competitividad y un déficit en
    la balanza de cuenta corriente del 10% del PIB en 2007.

  • Esta ley es un compromiso del Gobierno Popular en el Programa Nacional de Reformas. Su objetivo es
    contribuir desde el sector público a la estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad mediante
    la eliminación de las subidas automáticas de precios en función del IPC.

Principales medidas

  • Creación de un marco, obligatorio para toda la Administración, indicativo para el sector privado, para propiciar
    la estabilidad de precios. Se excluyen: negociación salarial colectiva (sector privado, personal laboral del sector
    público), pensiones e instrumentos financieros.

  • La regla general para el sector público será que no podrán realizarse indexaciones. Los aumentos de precios
    deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio. Así se rompe la inercia de
    subidas de precios automáticas, independientemente de los costes, y se evitan los “efectos de segunda ronda”
    (alzas de precios de determinados productos que repercuten directamente sobre otros sin ninguna relación
    entre sí).

  • En el ámbito privado, las actualizaciones quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes; si no hay pacto
    explícito no se realizará la actualización.

  • Si el contrato no especifica un índice de referencia, se utilizará el Índice de Garantía de Competitividad (IGC),
    cuya variación será igual a la inflación en la zona euro menos un factor corrector que permitirá recuperar la
    competitividad perdida desde 1999. Tendrá un techo del 2% (objetivo de inflación del BCE a medio plazo) y un
    suelo del 0%.

Breve valoración política

  • Los precios de los servicios públicos dejan de subir automáticamente en función del IPC.

  • Los servicios públicos básicos regulados cubiertos por la norma representan aproximadamente el 7% del
    presupuesto familiar de los españoles (unos 36.000 millones de euros al año, el 3,5% del PIB). Una evolución
    moderada de sus precios refuerza el poder adquisitivo de las familias españolas.

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