LEY 23/2015, DE 21 DE JULIO

ORDENADORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Objetivo principal

Siguiendo con la actuación racionalizadora, simplificadora y modernizadora de la Administración Pública, el Gobierno aprueba esta Ley para la mejora de un servicio público como el de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social destinado a controlar y vigilar la aplicación de las normas sociales para contribuir a la preservación de los derechos de los trabajadores y al sostenimiento del sistema de protección social.

Antecedentes

  • La Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, moderniza el servicio de inspección vigente hasta el momento, derogando la ley 42/1997 (de igual denominación) que por primera vez configuraba la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Sistema.

Principales medidas

  • Establece un modelo de inspección basado en una serie de principios ordenadores comunes, entre los que cabe destacar la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos, la concepción única e integral de Sistema y el principio de unidad de función y actuación inspectora.

  • Se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como organismo autónomo. Dentro de este Organismo se incluye una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

  • Aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Se creará dentro de la inspección una nueva escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el trabajo.

  • Se refuerza la coordinación y colaboración entre organismos y administraciones, entre Estado y Comunidades Autónomas.

Breve valoración política

  • Con esta Ley, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo que permitirá disponer de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social más coordinada y más eficaz, que siga estando al servicio de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad, como lleva haciendo desde hace más de cien años.

  • Se reafirma la inspección como una institución esencial para continuar mejorando la estabilidad y la calidad del empleo, cuya eficacia en la lucha contra el fraude laboral es garantía de nuestro Estado de Bienestar.

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