LEY 29/2015, DE 30 DE JULIO

DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL

Objetivo principal

Regula la cooperación jurídica entre las autoridades españolas y extranjeras, en materia civil y mercantil, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.

Antecedentes

  • El Proyecto de Ley que dotará a nuestro ordenamiento de un régimen legal común de asistencia judicial internacional, cumpliendo el mandato incluido en la Vigésima Disposición Final de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 que disponía que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno remitiría a las Cortes Generales un Proyecto de Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil.

  • Se desarrolla así de uno de los puntos del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2011: “la mejora de la ejecución de sentencias”.

Principales medidas

  • Regula la cooperación jurídica entre las autoridades españolas y extranjeras, en materia civil y mercantil, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo, todo ello en el marco de un principio general favorable de cooperación.

  • Faculta a los jueces remitir directamente las solicitudes de cooperación sin necesidad de tener que hacerlo como hasta ahora a través de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.

  • Establece un marco general, subsidiario y complementario de otras normativas sectoriales específicas; aborda asimismo complejos problemas, aportando un añadido de seguridad jurídica y certidumbre esenciales.

  • Mantiene bajo el principio tradicional de reciprocidad la prestación de colaboración por parte de las autoridades españolas, a la vez que siempre se asegura una tutela internacionalmente efectiva de los derechos e intereses legítimos de los particulares.

  • La ley entró en vigor el 19 de agosto de 2015.

Breve valoración política

  • La presente Ley llena un vacío legal. De esta manera se facilita la tarea a los órganos jurisdiccionales en su función de administrar justicia, permitiéndose así la efectividad en el plano internacional de la tutela judicial efectiva, derecho fundamental recogido por nuestra Constitución, en su artículo 24.1.

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