LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO

REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Objetivo principal

Refuerza, aclara y amplía el marco jurídico en el que desarrollan su actividad los Altos Cargos, aumentando la transparencia, el control y la legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Antecedentes

  • El régimen jurídico del alto cargo de la Administración General del Estado estaba sometido a una regulación dispersa que dotaba a su estatuto de importantes lagunas y vacíos legales, y que han sido suplidos a través de la presente norma. El régimen de los conflictos de intereses se comenzó a regular a través de la Ley 5/2006, que supuso un tímido primer paso en la ordenación de esta importante materia. El programa electoral del PP 2011 incluía la profesionalización de los puestos directivos de la Administración Pública.

Principales medidas

  • La Ley recoge una normativa específica relativa a la garantía de la idoneidad del candidato, dedicando un Título completo a la regulación del régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades, estableciendo un mecanismo de alerta temprana para su detección, e incluyendo también una definición de qué debe considerarse como conflicto de interés. Al mismo tiempo se potencia la Oficina de Conflictos de intereses con mayores medios y funciones.

  • En virtud de la aplicación del principio de transparencia, el CV de los altos cargos se publicará en el Portal de Transparencia. Importante novedad que se enmarca en la Ley es el examen de la situación de la situación patrimonial del alto cargo al inicio y una vez que ha cesado en el ejercicio de sus funciones, para poder contrastar su evolución.

  • Aportación al inicio junto con las declaraciones de bienes y de actividades y anualmente, de certificación de su situación tributaria con la AEAT y anualmente de copia de la última declaración del IRPF.

  • Entró en vigor el 20 de abril de 2014.

Breve valoración política

  • Esta Ley ha supuesto un importante hito en la transparencia en la función pública, ofreciendo una regulación del estatuto del alto cargo que incluye importantes mejoras respecto al difuso régimen anterior, introduciendo elementos que mejoran la rendición de cuentas y la calidad democrática.

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