LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL

DE SEGURIDAD PRIVADA

Objetivo principal

Nuevas soluciones para los usuarios y para las empresas, con implicación de las nuevas tecnologías, incidiendo en la coordinación y colaboración entre seguridad pública y privada, estableciendo su complementariedad y subordinación y mejorando la seguridad jurídica.

Antecedentes

  • La Ley de 1992, 20 años después, ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas.

  • Se atiende a la regulación de un sector compuesto por 1.490 empresas, 85.000 personas y factura 3.215 millones de euros al año.

Principales medidas

  • Aumenta las competencias de los vigilantes, aunque con límites, y regulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la seguridad pública.

  • Acentúa al máximo los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública, regulando la colaboración y el intercambio de información.

  • Liberaliza la consultoría de seguridad. Se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades, por declaraciones responsables.

  • Dota al personal de formación, motivación y respaldo jurídico.

  • Actualiza y completa el cuadro infractor del régimen sancionador, especialmente en materia de mala práctica o acciones de intrusismo.

  • Incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones.

  • Permite al sector llevar a cabo labores de vigilancia exterior de las cárceles, de los Centros de Internamiento de Extranjeros y de otros edificios e instalaciones de organismos públicos bajo supervisión de las fuerzas de seguridad.

  • Los investigadores privados tendrán que contar con la titulación de grado en esa especialidad. Formación reglada propuesta por el Ministerio de Educación.

  • Incluye el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de carácter personal.

  • Refuerza el deber de reserva profesional de los detectives que sólo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales.

  • Clarifica las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

  • La Ley entró en vigor el 5 de junio de 2014.

Breve valoración política

  • Esta nueva Ley actualiza y sistematiza la realidad del sector, regulando la coordinación y la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada, incidiendo en su complementariedad y subordinación a la seguridad pública y dotando de mayor seguridad jurídica las actuaciones del personal y de las empresas de seguridad privada.

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