LEY 6/2015, DE 12 DE MAYO,

DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
PROTEGIDAS DE ÁMBITO TERRITORIAL SUPRAAUTONÓMICO

Objetivo principal

Esta Ley responde a la necesidad de adecuar la normativa nacional sobre las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas cuando su ámbito de aplicación supera el territorio de la CCAA.

Antecedentes

  • Era necesario actualizar el marco jurídico armonizado, y su compatibilidad con la normativa comunitaria, para
    el caso de las 12 Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito
    supra-autonómico, cuya ordenación corresponde a la Administración General del Estado.

Principales medidas

  • Se establecen, por primera vez, criterios comunes en cuanto al reconocimiento, protección, control y regulación
    de la gestión en las DO e IGP, evitando las contradicciones actuales en el funcionamiento de los Consejos
    Reguladores y el vacío regulatorio en la aplicación de determinadas sanciones.

  • Con esta norma se consigue reforzar a los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las DO e IGP y
    de colaboración con la Administración.

  • Se incrementa la garantía sobre la veraz información al consumidor y la garantía de competencia leal entre
    los productores regulando la protección desde la producción a la comercialización, presentación, etiquetado,
    publicidad y dominios de Internet.

  • Entró en vigor el 12 de mayo de 2015.

Breve valoración política

  • Hay que tener en cuenta que las 12 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas alcanzan
    un gran valor económico, en el caso del vino de 1.600M. de €, el 60% del total.

  • Por otra parte la reciente modificación de la legislación comunitaria sobre estas materias, urgía la necesaria
    adecuación por parte de la Administración General del Estado, especialmente sobre la figura de los Consejos
    Reguladores, a quienes se les dota, por primera vez, de personalidad jurídica propia como Corporación de
    Derecho Público.

  • Se faculta a la Agencia de Control e Información Alimentaria para la ejecución del control oficial de estos
    organismos.

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