LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL,

DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Objetivo principal

Crear un marco jurídico que garantice la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas y el refuerzo del compromiso con la Unión Europea en materia de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para facilitar el cumplimiento de los objetivos de política económica y creación de empleo.

Antecedentes

  • El proceso de consolidación fiscal y de reducción de deuda pública fue una de las principales bases en las que
    se sustentó la senda de crecimiento de España desde su entrada en la UEM hasta el año 2008.

  • La nefasta gestión socialista de la crisis con una fuerte caída de los ingresos tributarios y un gasto público
    descontrolado, deterioró rápidamente la situación de las finanzas públicas –con déficits de dos dígitos-,
    agotando así los márgenes de la política fiscal.

  • Esta situación puso de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos de disciplina presupuestaria establecidos
    en el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por RDL 2/2007 para evitar el
    desequilibrio en las cuentas públicas.

  • Además, ante el convencimiento de que sin estabilidad presupuestaria no puede haber crecimiento ni creación
    de empleo, en septiembre de 2011 y por consenso entre PP y PSOE se reformó el artículo 135 de la Constitución
    Española, introduciendo una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y la deuda pública.
    Incomprensiblemente, Pedro Sánchez ha anunciado su deseo de derogar el art. 135 de la Constitución.

Principales medidas

  • Regula la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las AAPP, (que incluye el control
    de la deuda comercial) y los principios de responsabilidad y lealtad institucional.

  • Todas las Administraciones Públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos de SEC.
    Ninguna podrá incurrir en déficit estructural

  • Incorpora la regla de gasto de la normativa europea por la que el gasto de las AAPP no puede aumentar por
    encima de la tasa promedio de crecimiento del PIB potencial.

  • Todas las Administraciones Públicas deberán aprobar un techo de gasto consistente con el objetivo de
    estabilidad y la regla de gasto

  • Se fija el límite máximo de deuda pública que no se podrá superar y que será del 60% del PIB.

  • Se establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda publica frente a cualquier
    otro gasto, tal y como establece la Constitución.

  • Incluye en sus disposiciones adicionales un mecanismo extraordinario de liquidez para CCAA y EELL.

Breve valoración política

  • Con esta iniciativa, se establece un verdadero compromiso con el objetivo de estabilidad presupuestaria
    y sostenibilidad financiera de las AAPP, clave para llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar el
    crecimiento económico sostenido y la creación de empleo.

  • La necesidad de pagar más de 9 millones de facturas de 261.000 proveedores que dejó pendiente el PSOE, llevó
    a crear un Fondo de Pago a Proveedores que quedó excluido del ámbito de aplicación de esta Ley.

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Intervenciones parlamentarias

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