LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO

DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo principal

La seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos determinantes de la calidad democrática de un país.

Antecedentes

  • Tras veintidós años de vigencia de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, de la experiencia policial acumulada y de las nuevas circunstancias que afectan a la seguridad ciudadana (cambios sociales y tecnológicos), era necesario aprobar una nueva ley acorde a las exigencias de nuestro tiempo.

  • También resultaba preciso recoger la Jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que, desde el año 1992, ha venido caracterizando el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración conforme a la Constitución.

  • La ley se ha elaborado en paralelo a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en la que desaparecen las faltas y éstas pasan a ser delitos o infracciones administrativas.

Principales medidas

  • Regula el conjunto de actuaciones de tutela de la seguridad ciudadana:

    • La protección del libre ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas.
    • La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
    • La protección de las personas y bienes, la pacífica utilización de la vía pública.
  • Se adapta el cuadro de infracciones a la realidad actual y se definen los tipos infractores con mayor exactitud. Se clasifican en muy graves, graves y leves.

  • Las infracciones se sistematizan en cinco grupos de materias:

    • Conductas que son una amenaza para la seguridad ciudadana en general.
    • Conductas que implican un ejercicio abusivo del derecho de reunión.
    • Conductas que se prevé despenalizar en la futura reforma del Código Penal.
    • Conductas que vulneran la tranquilidad ciudadana.
    • Conductas contra la indemnidad sexual y la salud de los menores.
  • Las infracciones llevarán una multa similar a la que se imponía en la ley del 92.

  • Se establecen especialidades procedimentales para agilizar la potestad sancionadora, garantizando a su vez el pleno respeto a los derechos del presunto responsable y eliminado arbitrariedades administrativas.

  • La Ley entró en vigor el 1 de julio de 2015, salvo lo dispuesto disposición final primera (Régimen especial de Ceuta y Melilla), que lo hizo el 1 de abril de 2015.

Breve valoración política

  • La seguridad ciudadana constituye una condición básica del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas.

  • La nueva Ley garantizará la seguridad y protegerá a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales.

  • Es una reforma necesaria, conveniente y oportuna. Y es, además, un texto mucho más garantista de los derechos de los ciudadano.

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