LEY ORGÁNICA 7/2012, DE 27 DE DICIEMBRE

POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Objetivo principal

Dotar de mayor seguridad jurídica a una actuación que, en el marco de la cooperación judicial de la Unión Europea, ya se viene desarrollando a través del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.

Antecedentes

  • Supone el cumplimiento de uno de los puntos del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2011: “adecuaremos la legislación sancionadora a la actuación de tramas organizadas de defraudación, la utilización de paraísos fiscales y otros delitos complejos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”; además de cumplir con la medida de “reforzaremos la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción”.

Principales medidas

  • Se reconoce la responsabilidad penal de los partidos políticos y a los sindicatos que antes no tenían.

  • Se castiga por primera vez al empleador que no dé de alta en la Seguridad Social a un trabajador y se introduce un nuevo artículo que penaliza a quienes mediante simulación, tergiversación u ocultación de hechos, obtengan prestaciones de la Seguridad Social que no le correspondan o faciliten a otros su obtención.

  • Se define como delito fiscal más grave el superior a 600.000 euros, el cometido por organizaciones criminales y el fraude sofisticado.

  • En los delitos cometidos contra la Seguridad Social la cuantía desciende a 50.000, porque estaban quedando impunes conductas delictivas que no alcanzaban ese límite. Además, la mera presentación de autoliquidaciones no excluirá el fraude si este se demuestra por otra vía.

  • Se considerará delito agravado contra la Seguridad Social el fraude que supere los 120.000 euros.

  • El proceso penal no paralizará el procedimiento recaudatorio de la Agencia Tributaria.

  • Para velar por la transparencia del sector público se castigará a la autoridad o funcionario público que falsee la contabilidad, los documentos o la información que haya de reflejar la situación económica de una entidad pública con el objeto de causarle un perjuicio.

  • La Ley entró en vigor el 17 de enero de 2013.

Breve valoración política

  • El objetivo de la reforma es mejorar los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público, así como hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece y dar efectividad a los mecanismos de cobro, especialmente, en los delitos de mayor gravedad o de guante blanco.

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