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DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA Y LA LEY 26/2015, DE 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
Los menores han sido una prioridad en la Agenda Social de este Gobierno. La reforma de la legislación de la infancia garantiza un marco jurídico de protección uniforme, lucha contra la violencia hacia los menores, agiliza el acogimiento y la adopción y, atiende de manera especial a los más vulnerables.
Establece un nuevo marco jurídico de protección del interés y el bienestar de los menores. En total se modifican 20 leyes.
Con esta reforma España se convierte en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor, tal y como recomendó la ONU en 2013.
Desarrolla de forma más detallada el derecho fundamental del menor a ser oído y escuchado.
Prioriza soluciones familiares para los menores y agiliza los trámites de acogimiento y adopción.
Modifica la Ley de Familias Numerosas para asegurar la conservación del título mientras uno de los menores cumpla los requisitos y la edad establecida (21 años o 26 si está estudiando).
Reconoce, por primera vez, a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Se obliga a que los jueces se pronuncien sobre la prohibición de aproximación o suspensión de la patria potestad o régimen de visitas del padre inculpado.
Establece la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales.
Dispone que los maltratadores no podrán recibir la pensión de viudedad.
La Ley Orgánica 8/2015 entró en vigor el 11 de agosto y la Ley 26/2015 entró en vigor el 17 de agosto.
La reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia configura un nuevo marco jurídico en el que prevalece el interés del menor y en el que se refuerzan sus derechos y su protección ante malos tratos, abusos sexuales, o situaciones de abandono y desamparo.
Esta Ley junto con el resto de iniciativas puestas en marcha a favor de la infancia y de la adolescencia como, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, el Protocolo de Intervención contra el Maltrato Infantil o el Plan Integral de Apoyo a la Familia, muestran que la atención a la infancia es un objetivo prioritario para el Gobierno de Mariano Rajoy.