PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DEL ESTADO DE DERECHO

Objetivo principal

Asegurar la ejecución de las Resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

Antecedentes

  • Si bien la actual regulación del Tribunal Constitucional contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones, la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real.

  • Para ello, la reforma contenida en esta Ley Orgánica introduce, en sede constitucional, instrumentos de ejecución que dotan al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

Principales medidas

  • La reforma impulsa, a través de la modificación de los artículos 83, 87, 92 y 95 de la LOTC, una serie de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Tribuna Constitucional:

    • Auxilio en la ejecución de las resoluciones del Tribunal por parte de las Administraciones y poderes públicos, que deberán atenderlo de forma preferente y urgente. Para el caso de que el auxilio lo presten los Tribunales de Justicia; la reforma declara que las resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos.
    • Notificación personal a las autoridades y empleados públicos, que facilitará la ejecución al identificar individualizándolo al receptor de la obligación de actuar o de abstenerse.
    • Regulación de los supuestos de incumplimiento: Se regulan específicamente las potestades que tendrá el Tribunal en caso de que los obligados a cumplir una resolución no lo hagan. Entre estas se encuentra la posibilidad de imponer una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 a aquellos que no hayan dado cumplimento a la resolución; acordar la suspensión en sus funciones a aquellos que hayan incurrido en incumplimiento. También se podrá deducir el oportuno testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiese corresponder.
    • Trámite de urgencia para adoptar las medidas necesarias para la ejecución, sin necesidad de oír con carácter previo a las partes.

Breve valoración política

  • Dota al Alto Tribunal de los instrumentos necesarios, similares a los existentes en otros países, para que pueda asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones y asegurar, con ello, la plena eficacia de nuestro Estado de Derecho.

  • Esta iniciativa va a mejorar la efectividad de los fallos del TC, ofreciendo una respuesta proporcional, pero contundente, a los desacatos que se han producido desde una Comunidad Autónoma durante los últimos años.

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