PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

Objetivo principal

Potencia la realización plena de la Administración Electrónica, en consonancia con las propuestas recogidas por las medidas CORAS, de manera que el ciudadano sienta más cercana la Administración y su interacción con la misma resulte más sencilla.

Antecedentes

  • El proyecto de Ley sustituye a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
    Procedimiento Administrativo Común, y en lo que se refiere a la AGE, a la Ley 6/1997, de Organización y
    Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales.
    Modifica determinados artículos de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y aspectos puntuales de
    otras normas que regulan la organización del Sector Público.

  • Asimismo recoge, adaptándolas, las normas que hasta ahora estaban contenidas en la Ley 11/2007, de 22
    de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos., en lo relativo al funcionamiento
    electrónico del sector público, y las previstas en el Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrollaba aquella
    Ley.

  • Fue una propuesta del Programa Electoral del PP 2011 recogida bajo el lema “Un Nuevo Sector Público”.

Principales medidas

  • Establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema
    de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y
    funcionamiento de la Administración General del Estado, y del sector público institucional.

  • Mejora la eficiencia de la Administración, apostando por una Administración totalmente electrónica con cero
    papel e interconectada en sus relaciones internas y con sistemas interoperables entre Administraciones.

  • Mejora la ordenación del Sector Público, estableciendo una nueva clasificación del sector público estatal,
    sometiendo a los entes públicos a una mayor transparencia y a un régimen de control mediante la supervisión
    continua desde su creación a su extinción.

  • Se actualiza la organización y funcionamiento de la Administración Estatal para hacerla más ágil y transparente,
    en lo que se refiere a los Ministerios y los órganos que dependen de ellos, como en lo que se refiere a la
    organización y funcionamiento del Gobierno.

  • Refuerza la posición del Estado respecto a los entes territoriales y periféricos, de manera que se potencia la
    figura de los Delegados del Gobierno.

  • Perfecciona el sistema de relaciones entre Administraciones, mejorando la regulación de las Conferencias
    Sectoriales, convenios y consorcios, dentro de un sistema general de relaciones de colaboración.

Breve valoración política

  • Esta iniciativa se enmarca en la mejora de la Administración Pública que ha promovido el Gobierno del Partido
    Popular, y va a contribuir a que se evite la proliferación injustificada de entes y organismos estatales, y que en
    un pasado reciente se crearon profusamente por gobiernos manirrotos y sin control presupuestario alguno.
    Apuesta por una Administración totalmente electrónica con cero papel e interconectada internamente y de las
    Administraciones entre sí. Por supuesto, contribuye también a mejorar sustancialmente la posición jurídica del
    ciudadano respecto a los poderes públicos.

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